El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro aseguró que “nadie va a ganar una guerra dentro de su trinchera”, criticando duramente con esta frase las restricciones recomendadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) que tiene el objetivo de controlar la propagación de la variante Ómicron y evitar una suma repentina en los casos. De esta manera, el mandatario reafirmó la decisión tomada de mantener las fronteras abiertas al turismo.

El anuncio fue difundido en un encuentro de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) llevada a cabo el 7 de diciembre. Durante el evento, Bolsonaro confirmó que el Gobierno de Brasil no impondrá nuevas limitaciones para acceder al territorio nacional y por lo tanto no sumara a los países que están tomando este tipo de medidas para frenar la llegada de la nueva cepa.

Junto a esto, el presidente de Brasil afirmó con seguridad que la sociedad “debe afrontar el problema”, y que “nadie va a ganar una guerra dentro de su trinchera”, en respuesta y crítica a las exigencias de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que planteó la adopción de las nuevas medidas luego de haber sido confirmados 6 casos con la nueva variante en el país. Todos los detectados fueron calificados como casos importados.

Por su parte, Anvisa, junto a otras asociaciones científicas, solicito que las autoridades de Brasil exigieran presentar el certificado que acredite tener el esquema de vacunación completo contra el coronavirus y una prueba de detección del virus con resultado negativo a los pasajeros internacionales, con la finalidad de evitar un rebrote de casos. Sin embargo, Bolsonaro comunicó que el Gobierno no proyecta seguir esos planes.

El mandatario informó también que Brasil no pondrá en funcionamiento un modelo de pasaporte sanitario federal para uso interno. Cabe remarcar que un día antes de estas declaraciones, el 6 de diciembre, varios gobernadores y alcaldes solicitaron la obligatoriedad de ese certificado en sus jurisdicciones.

Por último, un juez del Supremo Tribunal Federal manifestó su opinión profesional sobre la situación y otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para brindar una justificación sobre la negativa de adoptar la norma sanitaria.