Según datos oficiales publicados por Eurostat, España recibió más de 52 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos de corta duración en el año pasado que configuró un crecimiento del 13%. Las regiones más demandadas fueron Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid, donde la presión sobre los barrios céntricos llevó a implementar restricciones para limitar el impacto en el acceso a la vivienda. En Barcelona, por ejemplo, el Ayuntamiento anunció que no renovará licencias de pisos turísticos a partir de 2028, en un intento por frenar la escalada de precios inmobiliarios.

En Italia, la situación se refleja en Roma, Florencia y Venecia, ciudades donde el turismo internacional batió récords con más de 65 millones de llegadas durante el año pasado. El Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) reveló que el número de viviendas destinadas al alquiler turístico aumentó un 20% en un año, lo que derivó en un incremento de hasta 40% en los valores de alquiler residencial en zonas históricas. En respuesta, Venecia ya aplica desde 2024 un ticket de acceso diario para excursionistas, y el Parlamento italiano analiza un proyecto para fijar límites en las plataformas digitales.

Los gobiernos locales defienden que los alquileres temporarios dinamizan la economía y generan ingresos fiscales, mientras que colectivos vecinales denuncian la pérdida de identidad barrial y la expulsión de residentes. En España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propuso crear un registro nacional de viviendas turísticas, mientras que en Italia se discuten medidas similares para unificar controles en todo el territorio.

Lo cierto es que tanto en España como en Italia el turismo continúa siendo un motor económico clave: aporta alrededor del 12% del PIB español y el 10% del PIB italiano, según la Organización Mundial del Turismo (OMT). Sin embargo, el desafío pasa por equilibrar la llegada masiva de visitantes con la sostenibilidad urbana y social, garantizando que la experiencia de los viajeros no implique el deterioro de la calidad de vida de los residentes.

El auge de los alquileres vacacionales ha tenido un impacto notable en la economía griega, ya que representan el 13% del Producto Interno Bruto, impulsando la industria turística local. Sin embargo, este crecimiento también ha generado desafíos, entre ellos el aumento de los precios en el mercado de alquiler residencial, dificultando el acceso a la vivienda para los residentes. 

Por eso, el Gobierno busca equilibrar los beneficios económicos del turismo con la necesidad de garantizar una vivienda asequible para la población local. En este sentido, las autoridades ofrecen incentivos fiscales a propietarios que decidan retirar sus inmuebles del alquiler a corto plazo, promoviendo así un mercado inmobiliario más transparente y sostenible. 

Este gesto  por parte de las autoridades gubernamentales griegas refleja una visión integradora que trata de conjugar la vitalidad económica del turismo -como pilar que genera puesto de trabajo e ingresos de divisas- con la calidad de vida de las comunidades residentes que podrán mantener su armonía cotidiana.

Grecia espera que, pese a estas regulaciones, el turismo mantenga su fuerte crecimiento en 2024, con una previsión de hasta 35 millones de turistas y una recaudación récord de 22.000 millones de euros. La industria hotelera local, agrupada en una asociación nacional, ha señalado que la cantidad de habitaciones disponibles en alquileres vacacionales es comparable a la capacidad hotelera total del país, y en centros urbanos como Atenas, supera ampliamente la oferta hotelera tradicional.