El Poder Ejecutivo Nacional considera necesaria la eliminación “del monopolio de las agencias de viajes” dejando sin efecto el Registro de Agencias de Viajes y los requisitos de habilitación.

Como otra de las consecuencias del DNU, ya no es obligatorio contratar una cobertura de seguros y quedaría eliminado tanto el régimen de multas por incumplimientos como la instancia de resolución de conflictos que solucionó el 20% de los conflictos surgidos en 2023.

Entidad que nuclea a más de 5.000 empresas; PymES y profesionales, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) negó que se trata de una actividad monopólica ya que se describieron como uno de los sectores más diversos y descentralizados.

“Más del 80% de las agencias de viajes que integran FAEVyT son PyMES que trabajan con un registro abierto a la incorporación de cualquier empresa que cumpla con los requisitos para ejercer una tarea profesional y responsable velando –también– por los derechos de los pasajeros”, señaló la institución a través de un comunicado oficial de prensa.

Presidente de FAEVyT, Andrés Deyá, señaló que debe mejorarse la competitividad sin eliminarse ningún registro porque “al existir controles concretos se protege a los pasajeros y disminuyen los casos van a Defensa de Consumidor”.

Tal desregulación terminaría con el Fondo de Fideicomiso de Turismo Estudiantil que responde ante incumplimientos de empresas de viajes de egresados fondeándose con el sistema de Cuota Cero.

Titular de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue), Mario Ijelman consideró erróneo el DNU ya que “el registro es absolutamente abierto y las agencias son agentes de retención del impuesto PAIS y Ganancias”.

Por su parte, la derogación de la Ley 18.829 arrastraría a Ley 25.599 de turismo estudiantil siendo innecesario contar con avales económico financieros para operar en este segmento que abarca a los viajes de estudio y fin de curso.

A diferencia de la situación previa al 29 de diciembre pasado cuando entró en vigencia el DNU, ahora no hay obligación de contar con cobertura de seguros, cumplir un mínimo de estándares de seguridad ni acreditar la inexistencia de antecedentes penales de los coordinadores que se vinculan con los menores de edad.

Ambas leyes 18.828 y 18.829 de hotelería y agentes de viajes respectivamente fueron dictadas en 1970 durante el régimen militar del general Juan Carlos Onganía que depuso al gobierno radical de Arturo Illia. La ley 26.356d fue sancionada en 2008 como una de las medidas iniciales del primero de los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández Kirchner.