La imposibilidad de pagar impuestos y expensas desde Argentina, lo que provocaría intereses por mora y la pérdida del status de buen pagador, derivó en el pedido de no abonar la contribución inmobiliaria a la Intendencia de Maldonado, también barajaron  la posibilidad de prorrogas en los vencimientos y pagos en cuotas.

Por otra parte APAU (Asociación de propietarios Argentinos en Uruguay) planteó, que en base a auditorias, que algunas administraciones inmobiliarias de Punta del Este estarían liquidando los gastos comunes con sobreprecios.

La mayor discrepancia radica en que los propietarios residentes si pueden ingresar al Uruguay y hacer frente a sus obligaciones y ocupar sus casas y departamentos, lo que ellos consideran un acto de discriminación, por lo que pidieron flexibilizar, con protocolos sanitarios lógicos el ingreso de los propietarios que no tienen residencia, en las mismas condiciones que los argentinos residentes.

La mediación continuará con la buena voluntad de las partes, en una primera instancia con la intendencia de Maldonado, con altas posibilidades de continuarlas en el ámbito de del gobierno nacional.

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