Situada en la prefectura de Okinawa, esta isla japonesa restringirá el ingreso diario a 1.200 personas combatiendo al turismo masivo en defensa del hábitat natural de este animal autóctono que corre peligro de extinción.
De acuerdo a las estadísticas gubernamentales, en 2019 previo a la irrupción de la pandemia de Covid-19, un promedio anual de 300.000 viajeros arribaban a la isla de Iriomote cuya población estable apenas llega a 2.400 habitantes.
El aumento de la cantidad de visitantes en temporada alta causó escasez de agua e incrementó los accidentes de tránsito que, en algunos casos, tuvieron como víctimas a gatos salvajes que suelen cruzarse en las carreteras.
Hasta el momento esta prohibición no entró en vigencia y los funcionarios japoneses sólo recomiendan a las agencias de viajes que cooperen con esta iniciativa.
Segunda isla más grande de Okinawa y de Yaeyama, Iriomote sobresale por la belleza de sus paisajes naturales que se conservan agrestes sin intervención de la mano del hombre.
Como está geográficamente más cerca de Taiwán que la mayor parte de Japón, la isla tiene un clima cálido durante los doce meses del año tornándose un destino popular para practicar esnórquel, buceo, natación y senderismo.
Además del límite general de visitantes en la isla, el gobierno de la prefectura confirmó que cinco sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO alrededor de Okinawa estarán restringidos en el próximo año, incluido el Monte Komi y el río Nishida.
Esos sitios pueden estar sujetos a límites turísticos, entrada programada y reservas anticipadas.
Japón demoró más que otros países en reabrir sus puertas después de la ola de contagios masivos de coronavirus. El país recién comenzó a recibir pequeños grupos de turistas en junio de 2022 antes de la vuelta a la normalidad total que se llevó a cabo cuatro meses después.
Tras analizar a 117 naciones de los cinco continentes, el Foro Económico Mundial posicionó a Japón como líder del ranking global de desarrollo turístico gracias a ser calificado con un 5,2 sobre un puntaje máximo de siete considerando su patrimonio, sustentabilidad ambiental, situación política, facilidad para recibir viajeros procedentes del exterior e infraestructura.